Durante el último tercio del siglo XIX, una extensa área se constituyó en el centro de una disputa internacional: Chile y Argentina incorporaron una parte de la Puna de Atacama –de Bolivia, hasta 1884– a sus territorios. Dichas inclusiones se efectivizarían a partir de una conflagración bélica (entre Bolivia-Perú y Chile, 1879-1884), un reconocimiento consensuado (entre Bolivia y Argentina) y mediaciones diplomáticas (entre Argentina y Chile). Antes, durante y después de la anexión definitiva a la Argentina, las incorporaciones a los diferentes Estados involucraron distintas estrategias de apropiación material y simbólica de la puna (Delgado y Göbel, 2003; García y Rolandi, 2003; Haber, 2003; Karasik, 2003; Benedetti, 2005; Gil Montero, 2008; Kuperszmit, 2009; Molina Otarola, 2013; Martinez, 2016; Londoño, 2017, entre otros).

Nos proponemos contextualizar el proceso de incorporación de Antofagasta de la Sierra (en adelante, Antofagasta) al Estado argentino desde una localización específica del paisaje puneño, la estancia ¹ de las Peñas Chicas, y desde un primer acercamiento a una materialidad escasamente abordada en la vertiente oriental de la puna: las representaciones rupestres del siglo XX. Nos interesan, particularmente, las tres primeras décadas del siglo pasado, cuando se despliega la incorporación de la puna, considerando tal anexión como parte del proceso de expansión del Estado en el contexto de consolidación de sus fronteras. En ese marco, los grabados de la estancia, ¿pueden ser interpretados como marcas identitarias y referentes materiales de negociación en las relaciones entre una familia puneña y el Estado?, ¿o bien entre las familias? Pero para llegar a estas preguntas, antes debemos contextualizar el marco social y político en el que fueron generados los grabados.

Antofagasta se encuentra en el departamento homónimo en la provincia de Catamarca (Noroeste argentino, NOA) (Figura 1). Los límites del departamento son la frontera argentino-chilena al oeste; al norte y al oriente la provincia de Salta; y al sur la cordillera de San Buenaventura. El relieve es predominantemente llano y sobre este se destacan las peñas columnares de ignimbrita, los volcanes y las cadenas montañosas de Calalaste y Toconquis. Es una cuenca endorreica con cauces de agua permanente a semipermanente; al Punilla, su río principal, confluyen afluentes en ambos márgenes, uno de ellos es el río Las Pitas, “arroyo de Putas” (San Román, 1896, p. 560) o “de las Puntas” (Cerri, 1993, p. 24).

Figura 1 Figura 1 A la izquierda, departamento de Antofagasta de la Sierra en la provincia de Catamarca. A la derecha, el río Las Pitas en la cuenca. En el centro, la estancia en las Peñas Chicas. Fuente: imagen satelital Google Earth.

Durante la Colonia, Antofagasta estuvo ligada administrativamente a la ciudad de Londres y a la gran Gobernación del Tucumán, dependiente del Virreinato del Perú. En el mundo andino, las transformaciones sociales, económicas y políticas desde el siglo XVI estuvieron modeladas por un orden propio del dominio colonial que afectó a todas las comunidades, aunque las consecuencias desestructurantes en la vida de estas fueron diferentes, según sus trayectorias históricas, sus estrategias de resistencia y los intereses coloniales específicos (cf. Quiroga, 2017). En el caso de Antofagasta, en 1766 fue entregada como merced a Luis José Díaz, vecino de San Fernando de Catamarca, quien se comprometió a explotar las tierras concedidas. En 1777 se creó el Virreinato del Río de la Plata. Al dividirse, luego, en ocho unidades administrativas, Antofagasta pasaría a pertenecer a una de ellas: la Intendencia de Salta del Tucumán (García y Rolandi, 2003).

En las primeras décadas del siglo XIX se iniciaron en América del Sur los procesos emancipatorios, como consecuencia de lo cual se establecieron límites que en muchos casos no se ajustaban a las trayectorias históricas locales. Luego de las guerras independentistas, los flamantes Estados intentaron forjar la configuración de sus territorios, en función de lo cual generaron políticas tendientes a la homogenización social, biológica y cultural, uniformidad estimada como clave para la “unidad nacional” (Lenton, 2010, p. 29). Durante las últimas tres décadas del siglo XIX, el Estado argentino protagonizó sucesivas anexiones, y lo haría desde prácticas concretas: la apropiación de territorios indígenas y el sometimiento de su población (en Pampa-Patagonia y parte del Chaco), fusiones profundamente marcadas por prácticas de exterminio; por otro lado, tomó medidas tendientes a la demarcación definitiva de las fronteras interestatales.

En efecto, en el marco de la contienda con Chile y luego del laudo arbitral (1899), por medio de la Ley 3906 del 9 de enero de 1900 se creó el Territorio Nacional de Los Andes (Figura 2), que comprendía todo el sector oriental de la Puna de Atacama que Argentina disputaba con aquel país.

Figura 2 Figura 2 Territorio Nacional de Los Andes. Fuente: Jorge Boero (1941) Geografía de la Nación Argentina, Ángel Estrada, Buenos Aires (apud Benedetti, 2005, p. 266).

En las primeras décadas del siglo XX, la región fue recorrida por viajeros y funcionarios, que centraron sus descripciones en función de intereses institucionales y saberes específicos (Benedetti, 2005). Es posible sostener que estas expediciones concibieron al paisaje y a hombres y mujeres como objetos de saber, que quedaron incorporados así a una microfísica de poder (sensu Foucault, 1998) tendiente a manipular los cuerpos y a coartar el uso autónomo del territorio (Karasik, 2003). Sin embargo, las relaciones de poder no se conforman unidireccionalmente sino que atraviesan a quienes intervienen, de manera tal que “definen puntos innumerables de enfrentamientos, focos de inestabilidad cada uno de los cuales comporta sus riesgos de conflicto, de luchas y de inversión por lo menos transitoria de las relaciones de fuerzas” (Foucault, 1998, p. 34). Por lo tanto, no solo deben enfatizarse las relaciones de poder que cada uno de los Estados puso en práctica con los puneños, ya que dejaríamos de lado la capacidad de estos para generar estrategias de reproducción social (sensu Bourdieu, 2011), colectivas y/o familiares, frente a los dispositivos de anexión y control de las sucesivas administraciones.

Es posible sugerir que en Antofagasta, como en el distrito de Huáncar (Susques, Jujuy), hacia inicios de siglo XX las familias constituían los “núcleos centrales de producción económica, de distribución y consumo y de reproducción social” (Göbel, 2003, p. 203). Con una dinámica particular –con asiento en la movilidad pastoril–, cada unidad doméstica disponía de sectores de pastoreo y de instalaciones estratégicamente localizadas y empleadas en función del ciclo productivo anual, disponibilidad de recursos y decisiones familiares; ejemplo de ello es la familia de Vicente Morales y la distribución de sus asentamientos (“domicilio grande”, estancia, puestos, etc.) y corrales.

Al día siguiente de la creación del territorio nacional, en una misiva dirigida al presidente Julio A. Roca y firmada por una veintena de hombres y mujeres (transcripta en Cerri, 1993, pp. 64-66), las familias de Antofagasta expusieron los “abusos, tropelías y desbarajustes” por el accionar de “individuos que cavilosamente tratan de apoderarse de nuestros derechos”. El conflicto surgió ante la presentación de un “encargado” que comunicó que “todos los terrenos de Antofagasta pertenecen a [Isaac Aranibar y Fermin Sonete]”, quien pretendía obligarlos “á pagar mil contribuciones según el reglamento que á su amaño han inventado”. Ante esta situación, las familias sostuvieron: “Cosa extraña para nosotros, puesto que estos terrenos son comunales, y que durante muchos años nuestros padres y nosotros, hemos pagado tributo como tributarios” primero de Bolivia y después de Chile. Acto seguido, nombran

al antiguo tributario D. José Salvatierra para que protestara ante abusos incalificables, y así lo hizo y protestó con nosotros todos, y se acordó de mandar á su Excelencia el Presidente, para que ahora y siempre nos ampare con su justicia y benevolencia en los derechos como poseedores de nuestras propiedades.

La misiva brinda indicios sobre distintos aspectos de la sociedad y expone, con ajustada terminología, una síntesis de la situación administrativa y lo que se considera un atropello a sus “derechos”, frente a lo cual las familias se reunieron, nombraron un “encargado” –con importante trayectoria en el territorio– y argumentaron con precisión. A horas de la flamante creación del territorio nacional, un grupo de familias señalaron “estar sujetos a las órdenes y disposiciones de su Excelencia a quien Dios guarde”. ²

Este rápido reacomodamiento en un escenario de fronteras itinerantes –después de todo, las familias no tenían motivos para suponer que desde ese momento serían argentinos y no luego, y de nuevo, chilenos o bolivianos– remite al accionar estratégico para posicionarse frente al Estado. Asimismo, expone la existencia de espacios deliberativos comunitarios y, coyunturalmente, de consensos para abordar situaciones que afectaban los intereses colectivos y, como en este caso, exponer una diligente reacción para sostener denuncias o acciones. Es decir, aquí también las familias configuraban la trama política y organizativa local.

Fue durante esta primera década del siglo XX que se implementaron una serie de dispositivos para “argentinizar” la puna: se institucionalizó la autoridad del Estado por medio de los juzgados de Paz y la Policía, y se organizó la administración de la gobernación (Benedetti, 2005). En el caso de Antofagasta también se registra, para la etapa –aunque discontinua–, una mayor actividad educativa (Kuperszmit, 2009). Por entonces, Antofagasta estaba integrada a una compleja red macrorregional que articulaba, económica y socialmente, una diversidad de poblados de ambas vertientes de los Andes: además de los arrieros –esencialmente de ganado mular– que la atravesaban, también desde y hacia Antofagasta se proyectaban los intercambios, “cambalacheo” o trueques de una diversidad de productos requeridos por las familias de aquí y allende la cordillera (cf. García y Rolandi, 2003; Molina Otarola, 2013).

Como se desprende de los escritos de viajeros y exploradores de fines del XIX e inicios del XX, ciertas vegas –de propiedad comunal– y los alfalfares familiares daban sustento tanto a los animales arreados o que invernaban allí, como a la hacienda de las unidades domésticas. Además de esta intensa actividad, San Román había destacado las producciones familiares: “Se dá bien la alfalfa; se logra el maíz i el trigo; la hortaliza, se cultiva sin inconveniente i la papa común encuentra allí su propio clima i suelo” (San Román 1896, p. 561); mientras Sundt advertía sobre la relevancia de otras dos actividades: “El alumbre (extraído del Volcán Alumbrera) junto con cueros de vicuña i unas pocas ovejas, son los únicos artículos de exportación de los habitantes de Antofagasta. El alumbre se consume en la Arjentina para teñir i curtir” (Sundt, 1909, p. 96).

La estancia de las Peñas Chicas, como la denomina la familia Morales, constituye uno de los tantos asentamientos que se encuentran en el curso del río Las Pitas (a 3543 msnm, 26° 01 58” S y 67° 21 3” W). Patrimonio de don Vicente Morales y su familia, dataría de fines de siglo XIX e inicios del siguiente. En función de un proyecto que abordó el pasado colonial y republicano de esta porción de la puna (Martinez, 2012), centramos el análisis en la arquitectura en pie y los grabados integrados a dicha estancia. A continuación, y a medida que exponemos someramente el sitio, incorporamos las interpretaciones que surgieron a partir de las entrevistas realizadas a don Vicente, las que abordaron distintos aspectos de su trayectoria personal y familiar en la estancia (Figura 3). ³

Figura 3

Referencias: A: La estancia en las Peñas Chicas. B: Vista de la estancia desde el noreste. C: Interior de la estancia desde el pasillo (la flecha señala los grabados). D: Chiquero y grabados. E: Grabados en la estancia (panel 1) y F: Grabados del chiquero (panel 2).

A partir de los testimonios de don Vicente y Julio, como así también de las evidencias materiales, es posible sostener que la construcción de la estancia comenzó hacia fines de siglo XIX y fue intensamente incorporada a la dinámica familiar durante las primeras décadas de siglo XX, marco temporal en el que se desenvuelven las disputas de soberanía entre Chile y Argentina sobre el oriente de la Puna de Atacama y se concreta la incorporación definitiva al segundo país (Martinez, 2012). En este contexto, retornamos a las preguntas iniciales. Primero: ¿es posible abordar desde los grabados aspectos referidos a la identidad familiar, en tanto marcas que remitan a una determinada unidad doméstica? Y segundo: ¿es probable abordar las relaciones entre una familia y el Estado?, ¿o bien las relaciones entre las unidades domésticas?

Es necesario realizar una distinción en función de las identidades nominales a las que remiten los grabados: un primer grupo –mayoritario–, constituido por nombres e iniciales de integrantes de la familia Morales; un segundo grupo, conformado por aquellos referentes extrapuneños (Pinto y Vaneti).

Con respecto a la autoría del primer grupo, y como sostienen los testimonios, fueron elaborados por quienes construyeron y/o habitaron la estancia. Las iniciales y los nombres de varios integrantes de la familia Morales quedaron inscriptos en las peñas: por parte de las mujeres, únicamente Carmela (y no sus hijas); por los hombres, Ignacio y sus hijos, Agapito, Vicente, Estanislao, José Santos y Ciriaco. Por lo tanto, se puede afirmar que efectivamente estas marcas remiten a la identidad de una familia y que constituyen para los Morales una evidencia contundente de la propiedad sobre la peña y su continuidad histórica en este sector de Las Pitas. De los hermanos, el mayor, Agapito (nacido en 1913) –con cinco referencias– es el que más se encuentra representado. Según don Vicente, muchos de estos grabados (del primer grupo) fueron realizados por Agapito cuando aprendió a escribir, por lo que sería posible plantear que algunas iniciales corresponderían, al menos, a la década de 1920.

Sin embargo, creemos que lo más importante es abrir la discusión sobre los destinatarios de estas marcas. Si asumimos que las iniciales tuvieron como fin señalizar la estancia, inscribir los derechos sobre esta propiedad, y que su rol fue que los observadores identificaran a sus dueños rápidamente y sin ambigüedades, entonces, ¿a quiénes van dirigidos los mensajes?

Tal como las investigaciones históricas, etnográficas y antropológicas pusieron de manifiesto, los pastores son extremadamente cuidadosos respecto del uso de los lugares comunitarios –o comunales– de aquellas construcciones que corresponden a las familias (puestos, corrales, etc.) y los límites de los sectores de pastoreo están sujetos a negociaciones no exentas de tensiones (Nielsen, 1996; Delgado y Göbel, 2003; Gil Montero, 2008, entre otros). Entonces, ¿por qué la insistencia de los Morales en remarcar su propiedad cuando sus contemporáneos la conocían? En todo caso, ¿es posible sostener que estos mensajes fueran dirigidos a otras familias con las que disputaban este sector de Las Pitas?, ¿o los destinatarios de estas representaciones son no-puneños?

Si concordamos con de Certau (1999) ⁹ sobre el espacio privado, las formas de exponer u ocultar en el hogar, las circulaciones permitidas y no consentidas, lo que resalta tanto por presencia como por ausencia, las restricciones y libertades de comportamiento, los límites del hacer, etc., entonces sería factible plantear algunas interpretaciones sobre las motivaciones de esta familia para marcar la estancia. En primer lugar, es importante señalar que los grabados (aunque exceptuando los cuatro alejados del panel 1) están asociados de manera directa a las construcciones. Los paneles 1 y 2 se destacan por sus disposiciones respecto de lo edificado. La amplia visibilidad –por tamaño y localización en el panel 1– de las inscripciones que no remiten a identidades locales (las únicas visibles desde el exterior de la estancia) contrasta con las iniciales, que solamente pueden ser observadas si se cumple, al menos, con dos prescripciones: a) estar en el interior del corral; o, b) ingresar a la estancia por el único acceso (el pasillo que desemboca en los grabados). En ambos casos, se requiere de la invitación para ingresar (salvo, claro está, cuando la familia se hallaba ausente de las Peñas Chicas). No está de más señalar la relevancia de los corrales para los pastores del NOA, que constituyen importantes espacios de sociabilidad entre las familias en ciertas épocas del año, por ejemplo, cuando se realizan señaladas, yerras, esquilas o actividades vinculadas a lo sanitario y/o reproductivo de los animales, o bien durante fechas clave del calendario ritual, como el 1° de agosto. Por lo tanto, quienes se hallaban en el corral podían observar las iniciales. Y también, como destacamos, quienes ingresaban por el pasillo (con o sin autorización de los Morales).

Por lo expuesto, es posible que sean otras familias puneñas las destinatarias de lo que transmitían las marcas (es decir, lo que comunicaban insistentemente los Morales en ambas peñas). Aunque se requiere avanzar con investigaciones referidas a la tenencia y propiedad de la tierra en Antofagasta, como las realizadas para otros contextos del siglo XIX (por ejemplo, Barros, 2008; Gil Montero, 2008), y posteriores, a los fines de contar con un panorama más preciso sobre las dinámicas familiares (y sobre los posibles conflictos y disputas entre las unidades domésticas y las relaciones con las administraciones estatales, etc.), esta aproximación a los grabados contribuye a pensar las relaciones entre las familias en un contexto original, marco en el que hombres y mujeres “comenzaban” a ser argentinos y argentinas. Si las administraciones previas (la boliviana hasta el fin de la guerra, en 1884, y la chilena desde entonces y por quince años) habían ejercido cierta presencia institucional, no ocurriría lo mismo a partir de la creación del territorio nacional, cuando el Estado se propuso la “argentinización” de esta porción de la puna. Queda pendiente definir si las iniciales de los padres de don Vicente fueron realizadas por ellos mismos, por un tercero –bajo el requerimiento de ellos– o por Agapito u otro familiar.

Ahora bien, un incidente de 1910 referido por Kuperszmit (2009) podría aportar algunos indicios que guíen las futuras indagaciones respecto de la complejidad de las prácticas institucionales. Los protagonistas: por un lado, un grupo de familias, por el otro, el juez de Paz y el comisario. En un relevamiento realizado por el juez en el “pueblo de Antofagasta”, detectó “cinco casas inhabitadas, con sus respectivos patios y potreros”, e informó al comisario. Unos días después, este envió una misiva al gobernador del territorio:

En mi carácter de Comisario hago que dichos pobladores conserven sus derechos de dueños de las ya citadas casas, teniendo en cuenta que si bien es cierto que abandonan temporalmente sus viviendas, es porque tienen que retirarse de la población a cuidar su ganado que pastan en las vegas que S. E. se habrá dado cuenta quedan en diferentes rumbos y distancias de este Pueblo. (apud Kuperszmit, 2009, p. 50)

La relevancia de estas miradas, ajenas a las lógicas locales pero comprometidas por sus roles en Antofagasta de 1910 en tanto representan distintos niveles del poder estatal, radica en que posibilitan una aproximación a las prácticas burocráticas y haceres institucionales durante la primera década del siglo XX. Aunque sorprende el desconocimiento sobre las dinámicas puneñas –aspecto que remite al carácter foráneo de ambos funcionarios–, lo importante del incidente es que revela el interés de las administraciones por ejercer cierto tipo de control sobre las familias y sus bienes.

Desde el pueblo de Antofagasta retornamos a la estancia y nuevamente a la visibilidad de los grabados. Las identidades foráneas del panel 1 son las únicas claramente visibles desde el exterior de la estancia pero, como advertimos, las iniciales solamente pueden ser observadas desde el interior del corral y del pasillo, por lo que aquí también cabría preguntarse si, por ejemplo, los destinatarios podrían ser esos funcionarios (como el juez de Paz o el comisario del incidente) que debían comprobar, conocer o relevar los bienes de las familias puneñas.

Con respecto a lo definido –por sus identidades no locales– como segundo grupo, es decir, Pinto y Vaneti, señalemos que, por la responsabilidad de uno de ellos (juez) ¹⁰ y por la fecha (11 de enero de 1911, y que no necesariamente data el evento del grabado), en futuras indagaciones abordaremos sus roles y relación con la estancia y los Morales.

Como destacamos con relación a la misiva del 10 de enero de 1900 enviada al presidente Roca, es posible sugerir que los puneños acumularon experiencias con las sucesivas administraciones, que les permitieron –a partir de la anexión a la Argentina– contar con capitales específicos para entablar las “nuevas” relaciones con el “nuevo” Estado al que fueron integrados. En todo caso, es factible plantear que hombres y mujeres de Antofagasta capitalizaron tales experiencias para posicionarse, con cierto margen de maniobra, frente a la “nueva” coyuntura (después de todo, esta anexión podría haber sido pensada como provisoria, en función de lo ocurrido durante las tres décadas previas). En el caso particular que abordamos, entendemos que una materialización de estas experiencias son los propios grabados, que son interpretados aquí en tanto dispositivo identitario generado por una familia a los fines de enfatizar la apropiación de este sector de Las Pitas frente a sus contemporáneos y, tal vez también, frente al Estado. Para ello, la familia Morales generó una respuesta original, al emplear una herramienta clave en la comunicación administrativa y plenamente identificada con el Estado: inscribirá –o escribirá– su presencia en las peñas con los signos alfabéticos propios de los haceres burocráticos.

El marco general que sustenta las preguntas que motivaron este trabajo se inscribe en un proyecto que aborda las trayectorias políticas, económicas y sociales de las familias de Antofagasta durante el siglo XIX y las primeras del XX (Martinez, 2016), marco temporal en el que se desenvuelve la incorporación de la Puna de Atacama al Estado argentino. Estas indagaciones están ancladas en materialidades y podrían resumirse así: ¿es posible pensar desde las evidencias –rasgos arquitectónicos, textiles (cf. Martinez, 2012) o, como en este caso, grabados– aspectos que remitan a la conflictividad entre las familias y entre estas y el Estado? En otras palabras, desde el registro material, ¿es viable relevar esas instancias de tensiones y reacomodamiento que suponen la instauración de unas nuevas estructuras –políticas, administrativas, burocráticas– con las que la población local debió interactuar a inicios del siglo XX? Sostenemos que, para avanzar con tales indagaciones, se requería de un primer abordaje a la problemática desde una evidencia material que, sin ambigüedades, remitiera al período. Es por ello que centramos esta aproximación a las representaciones rupestres, las que, sugerimos, dan indicios del marco político y social en el que se desenvuelve la cotidianeidad de una familia puneña de Antofagasta de la Sierra durante el período.